Por EFE.-
BUENOS AIRES (01 Junio 2018).- La Cámara Federal de Argentina confirmó hoy que la muerte del fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015, cuatro días después de acusar a la entonces presidenta, Cristina Fernández, de encubrir a presuntos terroristas, se trató de un homicidio y no un suicidio, informaron fuentes jurídicas.
El
más alto tribunal del país por debajo de la Corte Suprema confirma así el punto
de vista del juez federal encargado de la causa, Julián Ercolini, quien con
base en las pruebas recopiladas por la Fiscalía ya había apuntado en noviembre
pasado a la hipótesis del homicidio.
“Procede
encomendar a los magistrados a cargo de la investigación el sostenido avance
del curso instructorio con miras a la completa y cabal determinación de los
responsables del homicidio de Natalio Alberto Nisman, con la celeridad y
seriedad que tan grave hecho impone”, se señala en la resolución de la Cámara.
Para
tratar de avanzar en si fue un suicidio o un homicidio, ya el pasado año el
Ministerio Público encargó a una junta de peritos realizar una reconstrucción
del momento de la muerte del fiscal, en la que se estableció que dos personas
golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron en su casa a Nisman, que
investigaba el atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994, que
dejó 85 muertos.
“Nos
encontramos frente a una investigación en la que se ha logrado acreditar ‘prima
facie’ que Nisman fue asesinado y que dicho suceso fue directa consecuencia de
la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal
de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA”,
se remarca en el texto judicial.
Cuatro
días antes de aparecer con un tiro en la cabeza en su apartamento de Buenos
Aires, el fiscal denunció a la mandataria, a su canciller y a otros
colaboradores al asegurar que la firma de un acuerdo entre Argentina e Irán en
2013 escondía un pacto para encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos
exaltos cargos de ese país, para favorecer el intercambio comercial bilateral,
algo que Fernández, presidenta entre 2007 y 2015, siempre ha negado.
La
Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó este viernes, al resolver
diversos recursos interpuestos por los imputados en la causa y por Sara
Garfunkel, madre de Nisman, el procesamiento de los cuatro policías de la
Policía Federal encargados de la seguridad del fiscal: Luis Ismael Miño,
Armando Niz, Rubén Fabián Benítez y Néstor Oscar Durán.
A
estos se les acusa de no proteger “en forma debida” al fiscal.
A
su vez, continuará procesado por el homicidio el técnico informático Diego
Lagomarsino, colaborador del fiscal Alberto Nisman, que fue quien dijo haberle
prestado el arma que lo mató.
“Hacia
adelante existe una ardua tarea instructoria con la finalidad de avanzar en la
completa determinación de las responsabilidades y la individualización de todos
sus partícipes”, agregó la Cámara.
Por
el momento, ninguno de los imputados está detenido, aunque Lagomarsino -quien
reitera que el propio fiscal le pidió el arma para proteger a sus hijas y tiene
prohibida la salida del país desde 2015- cuenta con una tobillera electrónica
para el control de sus movimientos.
Esta
ratificación judicial supone un avance en el caso, que desde el fallecimiento
de Nisman, entre multitud de idas y venidas, pasó de la justicia ordinaria a la
federal, con más competencias.
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