Tras décadas de intentos fallidos, este nuevo
Código Penal actualiza una nueva legislación de 141 años,
que fue aprobada por los partidos políticos mayoritarios.
El nuevo Código Penal,
que se puede definir como un paso de avance,
se erige como una pieza clave para la protección de los
derechos de las personas, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la persecución
efectiva de los delitos. Entre sus avances más relevantes destacan:
- La tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying,
la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la estafa piramidal, la intermediación
financiera no regulada, la instigación al
suicidio; se tipifican todos los supuestos convencionales de crímenes de lesa humanidad y genocidio, la
desaparición forzada, los delitos con dolo eventual y culpa consciente, los
daños por dopaje, el autosecuestro, la falsa denuncia, la obstrucción de justicia y se eleva la
pena para la violación sexual dentro del
matrimonio o en relaciones de pareja.
- El aumento de las penas
de prisión hasta 40 años, e
incluso hasta 60 años en
caso de concurso de infracciones graves.
- La creación de medidas socio judiciales, que incluyen
vigilancia posterior al cumplimiento de condena, registro de agresores sexuales y programas de reeducación
para la reinserción social de los infractores.
- La responsabilidad
penal de las personas jurídicas, lo cual permite sancionar a personas jurídicas
que, por negligencia o
actos de sus representantes, incurran en delitos.
- Órdenes de protección
más robustas para víctimas de
violencia de género, intrafamiliar o de cualquier agresión
que amenace su integridad.
Asimismo, la nueva ley
fortalece la lucha contra la
corrupción administrativa, al ampliar los plazos de
prescripción, endurecer las sanciones e inhabilitar a los responsables de
incurrir en este delito para ocupar cargos
públicos.
La reforma también
extiende los plazos de prescripción de delitos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables hasta
los 30 años, contados desde que la víctima
alcanza la mayoría de edad.
El Código Penal
promulgado, además de sancionar, incorpora un enfoque preventivo
y resocializador, reconociendo la seguridad ciudadana como
una responsabilidad compartida entre el
Estado y toda la sociedad en general.
Esta actualización dota
al sistema penal dominicano de herramientas
modernas para enfrentar la criminalidad en todas sus
formas, incluyendo la delincuencia
organizada, y garantizar la protección efectiva de las
víctimas, en consonancia con los principios de un Estado social y democrático de derecho.
Con la promulgación del
nuevo Código Penal, que entrará en vigencia
en 12 meses, la República Dominicana deja atrás un marco
normativo anacrónico y avanza hacia un modelo de justicia
moderno, centrado en la protección de los derechos humanos.
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