Por La Redacción.-
Santo Domingo, Rep. Dom.
(15 enero 2015).- El
diputado de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, pidió este
jueves al grupo de Veedores de la Presidencia de la República designado por el
ministro Gustavo Montalvo, explicar la acusación de falta de transparencia que
un informe del Departamento de Estado de EE.UU. le atribuye a la oficina de la
Presidencia de la República.
“El
país debe conocer cuál es la reacción del grupo de Veedores de la sociedad
civil, encabezado por el periodista Juan Bolívar Díaz, ya que el informe del
Departamento de Estado de EE.UU. es muy específico cuando se refiere a la falta
de transparencia y de información sobre los gastos de la oficina del Señor
Presidente de la República”, apuntó Castillo Semán.
“El
ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, designó a un grupo de
personalidades como Veedores de las operaciones de la
Presidencia. Por eso pido formalmente a éstos que expliquen si esta
acusación preocupante del Departamento de Estado es compartida por ellos o si,
por el contrario, la rechazan porque se trata, según EE.UU., de un monto que representa
el 9% del presupuesto del gobierno”, concluyó Castillo Semán.
A continuación el cable de la Agencia
EFE que reseña el informe del Departamento de Estado de EE. UU.
Washington, 14 ene (EFE).- El
Departamento de Estado de EE.UU. identificó este miércoles por falta de
transparencia fiscal a 50 países, entre ellos Nicaragua, a la que recomienda
publicar los contratos de sus empresas estatales o la "sustancial"
cantidad de dinero que recibe de Venezuela.
Haití y
República Dominicana son los otros dos países latinoamericanos a los que
Estados Unidos apunta en un informe anual hecho público este miércoles y que evalúa
si 140 países potenciales beneficiarios de ayuda cumplieron con unos requisitos
mínimos de transparencia durante el año fiscal de 2014, que acabó en noviembre.
En la
sección dedicada a la República Dominicana, EE.UU. pone el acento sobre
"la falta de detalles que se ofrecen sobre las largas proporciones de
gastos efectuados por la Oficina del Presidente, que supone el 9 por ciento del
gasto total del Gobierno".
Según el
documento, el resto de países latinoamericanos cumple con los requisitos
mínimos de transparencia, entre los que el Departamento de Estado enumera el
acceso de los ciudadanos a la información del presupuesto de su país o la
publicidad de los contratos para extraer recursos naturales.
Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana,
Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay son algunos de los
países que figuran como cumplidores.
Además de
esta categoría de cumplidores, el informe distingue entre los que hicieron
durante el año fiscal de 2014 (desde el 1 de octubre de 2013 al 30 de
septiembre de 2014) un "avance no significativo" o
"significativo", grupo en el que incluye a 11 gobiernos.
Según el
informe, 50 países no avanzaron en transparencia y entre ellos cita,
especialmente a países africanos, como Burkina Faso, la República del Congo o
Sudán del Sur, y a antiguas repúblicas soviéticas, como Kazajistán o Ucrania.
Entre los
latinoamericanos se encuentra Nicaragua, de quien Estados Unidos dice que
"no proporciona información sobre el apoyo financiero sustancial
proporcionado por el gobierno de Venezuela".
Además,
critica que el país no ofrezca detalles sobre las ganancias de las empresas de
propiedad estatal y recomienda al Gobierno nicaragüense que haga pública esta
información presupuestaria.
"La
transparencia fiscal de la República Dominicana se vería reforzada por la
adopción de medidas adicionales para mejorar la exhaustividad de su
presupuesto, en particular para la Oficina de la Presidencia", afirma el
informe.
Aunque el
presupuesto de Haití está disponible de forma pública, "el proceso de
contratos para la explotación de recursos naturales carece de
transparencia", subraya el Departamento de Estado.
A este
país, sumido en una aguda crisis política, le recomienda que haga esta información
accesible para sus ciudadanos y que apruebe su presupuesto en los tiempos
políticos establecidos.
Esta
lista, que el Departamento de Estado redacta desde 2008, no tiene consecuencias
directas y sirve para hacer recomendaciones a los países incumplidores.
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