Por La Redacción.-
Santo Domingo, Rep. Dom.- Después de un amplio
proceso de consulta a diversos sectores los
cuales inciden en la toma de decisiones, el presidente Danilo Medina finalmente
envió este jueves al congreso de la República, vía la Cámara de Diputados, el
Proyecto de Ley de Naturalización, el cual establece un régimen especial para
personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el
Registro Civil dominicano.
La pieza llegó al congreso
de manos del consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio y del
ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, quienes la entregaron a Abel
Martínez, presidente de la cámara baja, cuyos miembros deberán someterlo a discusión
en los próximos días, establecer cambios o modificaciones, de considerarlo necesario,
y enviarlo posteriormente al senado de la República.
El proyecto de
ley tiene por objeto establecer un régimen especial en beneficio de hijos
de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional
durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de
2007, inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a
documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de
la inscripción.
La entrega de la
legislación se hizo junto a una carta en donde el presidente Danilo Medina
expresa que “el proyecto de
ley que proponemos es el fruto de un amplio proceso de consultas y de búsqueda
de consenso con los diversos sectores de la sociedad dominicana y el mismo está
inspirado en principios fundamentales sobre los que se erige nuestro Estado,
tales como: la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley,
la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.
También señala que “la
iniciativa se sustenta en el ejercicio soberano de los órganos
democráticos de nuestro Estado, en el interés nacional y en completa
observancia de las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional y del
ordenamiento jurídico dominicano”.
Expresa que luego de realizar
las consultas a diferentes líderes políticos, empresariales y religiosos de la
sociedad dominicana, “estamos convencidos de que el texto final que se ha
logrado ofrece una respuesta equilibrada y responsable a dos necesidades
fundamentales: por un lado, salvaguardar los intereses nacionales y el más
estricto cumplimiento de la legalidad de la República. Y, por otro, garantizar
los derechos fundamentales de todas aquellas personas que residen en territorio
dominicano, especialmente los de aquellos que han nacido y se han criado en el
país”.
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