Santo Domingo, Rep. Dom.- Amnistía
Internacional (AI) llamó a las autoridades dominicanas a asumir
"urgentemente" sus responsabilidades en materia de derechos humanos y
presentar un proyecto de ley que resuelva la situación creada a los hijos de
descendientes de ilegales, a los que se niega la nacionalidad local.
La AI
dijo que el último aplazamiento del diálogo entre los gobiernos haitiano y
dominicano, en el que se trata el asunto migratorio tras la sentencia del
Tribunal Constitucional local que niega la nacionalidad a los hijos de ilegales
y que afecta especialmente a los haitianos, "demuestra la falta de disposición
de las autoridades dominicanas a asumir sus responsabilidades en materia de
derechos humanos respecto a la comunidad afectada".
La
sentencia emitida en septiembre pasado por el tribunal dominicano, "fue la
última decisión, y la más dramática, de una larga historia de discriminación
contra las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Se cree que miles de
personas han perdido su nacionalidad dominicana y se han convertido en
apátridas", según AI.
El asesor especial de AI, Javier Zúñiga, dijo que
"tras la sentencia, las autoridades dominicanas, incluido el presidente
Danilo Medina, mostraron una actitud alentadora al manifestar su disposición a
encontrar una solución adecuada que respetara los derechos humanos de las miles
de personas afectadas",
Sin
embargo, "esa promesa se está desvaneciendo rápidamente, y las personas
dominicanas de ascendencia haitiana se encuentran atrapadas en una situación en
la que se ven comprometidos sus derechos fundamentales, entre ellos los
derechos a una identidad y a una nacionalidad", subrayó.
Zúñiga
recordó que los gobiernos haitiano y dominicano acordaron celebrar una reunión
de máximo nivel para encontrar una solución adecuada, y en enero y febrero de
2014 se llevaron a cabo dos rondas de diálogos bilaterales con la participación
del gobierno de Venezuela, la Unión Europea y CARICOM.
El tercer
diálogo estaba inicialmente previsto para el 12 de marzo, pero se ha aplazado
en cinco ocasiones; la última la prevista para ayer jueves, en Puerto Príncipe.
Aunque la
tercera ronda fue aplazada sin fecha, se celebró una reunión de los ministros
de Salud y Comercio de ambos países, en Puerto Príncipe, y una de los ministros
de Turismo e Interior, en Santo Domingo.
"El
motivo de este último aplazamiento parece ser el retraso del gobierno en
presentar al Congreso dominicano un anteproyecto de ley para resolver la crisis
de derechos humanos creada por la sentencia del Tribunal Constitucional",
consideró el asesor de AI.
El
gobierno dominicano, agregó Zúñiga, "ha prometido reiteradamente
introducir ese anteproyecto de ley desde principios de año, pero en estos
momentos parece que no existe una voluntad política de hacerlo".
"Ya
han transcurrido casi ocho meses desde la sentencia del Tribunal
Constitucional, y las autoridades dominicanas no han llegado a una solución que
respete las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de
derechos humanos", agregó.
Mientras
tanto, "las personas dominicanas de ascendencia haitiana que se han visto
privadas de su nacionalidad dominicana siguen viendo violado su derecho a
acceder a servicios sociales, incluidos servicios de educación y salud, y ven
cómo se les niegan también derechos humanos fundamentales como el derecho a
viajar, a contraer matrimonio, a formar una familia y a trabajar",
insistió.
"La
situación es dramática y necesita una solución urgente", opinó, y agregó
que las autoridades dominicanas "deben actuar sin demora y seguir las
recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que ha pedido a la República Dominicana que devuelva la nacionalidad dominicana
a quienes se han visto privados de ella a causa de la sentencia, sin exigirles
que se registren como extranjeros como requisito previo para que se reconozcan
sus derechos".
La
República Dominicana "no puede seguir posponiendo la asunción de sus
responsabilidades", insistió.
De
acuerdo con Zúñiga, "a las personas dominicanas de ascendencia haitiana se
les está negando el acceso a sus documentos de identidad no sólo desde
septiembre de 2013, sino desde hace ya más de una década, y su vida se
encuentra en un limbo total".
"Resulta
preocupante que, cada vez que se plantea la situación creada por la sentencia
del Tribunal Constitucional, las autoridades dominicanas se refieran a ella
como una cuestión de inmigración, no como una cuestión de nacionalidad",
argumentó.
Las
personas afectadas "no son inmigrantes que hayan llegado a la República
Dominicana. Nacieron en el país y, en el momento de su nacimiento, tuvieron
derecho a la nacionalidad dominicana", concluyó.
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