Por La Redacción.-
Santo Domingo, Rep. Dom. (01 Abril 2015).- El
Ayuntamiento de Santiago incumplió disposiciones legales y contables en el
2012, lo que provocó efectos distorsionantes importantes en su Estado de
Ejecución Presupuestaria que involucran más de 220 millones de pesos.
Los
auditores de la Cámara de Cuentas emitieron una opinión adversa del informe de
auditoría alegando que el estado de ejecución presupuestaria del ayuntamiento
de Santiago no presentó razonablemente en todos los aspectos importantes los
ingresos y desembolsos de conformidad con las normas de contabilidad del sector
publico emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental con la
Ley Organiza de Presupuesto 423-06 y el manual de clasificadores
presupuestarios para los ayuntamientos.
Entre las
inobservancias de este cabildo se encuentran incumplimiento de contratos por
recolección de residuos sólidos por más de 147 millones de pesos, erogación a
regidores por supervisión de obras de 3.6 millones de pesos, combustibles
suministrados a recolectoras de residuos sólidos sin deducirlo de sus
facturaciones por un monto de 5.6 millones de pesos y entrega de recursos a
regidores sin soportes justificativos por 3.1 millones de pesos.
Otros
hallazgos fueron el pago de más de 45 millones de pesos por obras realizadas
sin evidencia de contratos entre las partes, erogación de 410 mil pesos a
empleados con grado de consaguinidad con funcionarios municipales, 3.1 millones
de pesos en pagos en obras que exceden los trabajos realizados, 5.9 de
inconsistencia en la información financiera en el renglón de servicios
personales, 12.7 en la distribución porcentual de los ingresos diferentes al
límite establecido por ley; así como el pago de 729 mil pesos en valores no
remitidos al Fondo de Pensiones para los Trabajadores de la Construcción y al
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA.
Las
inobservancias de leyes fueron por un monto de más de 228 millones de pesos,
durante la gestión del alcalde Juan Gilberto Serulle Ramia.
La
auditoría de la Cámara de Cuentas reveló que a los regidores se les entregó 6.7
millones de pesos en el 2012, 3.1 millones de pesos para entrega de ayudas sin
soportes justificativos y 3.6 para supervisión de obras, sin embargo el Cabildo
informó que ese monto fue utilizado para el pago de dietas de entre 75 mil y
120 mil pesos a los concejales.
Asimismo
se comprobó que el ayuntamiento tenía empleados fijos con parentesco de primer
y segundo grado con el alcalde y un regidor; en transportación y otra oficina
en violación de la Ley La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios del
17 de julio del 2007.
Distribución
de los ingresos diferentes al límite establecido por ley
El
ayuntamiento de Santiago no realizó la distribución de los ingresos percibidos
en el 2012 conforme a los porcentajes establecidos en la Ley 176-07 del
Distrito y los Municipios, ocasionando que en los servicios personales y
municipales se observaran porcentajes mayores a lo establecido por dicha ley,
provocando una disminución de las inversiones municipales en un 30 por ciento
equivalente a 421 millones de pesos
Dicha
institución dispuso un 36 por ciento de su presupuesto para gasto de personal
cuando según la ley debió de ser de un 25 por ciento, en servicios municipales
un 56% cuando debió de ser un 31, en inversión 10 por ciento cuando debió de
ser 40, mientras que en los renglones educación, género y salud dispuso un 4
por ciento cumpliendo con la Ley.
Auditoria
fue entregada al Pepca
La
auditoría del cabildo de Santiago fue entregada a la Procuraduría Especializada
de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por entender que existen
indicios de responsabilidad penal.
La Cámara de Cuentas recomendó disponer
la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar las
medidas necesarias para mantener un control efectivo tomando en consideración
las observaciones y recomendaciones que se encuentran en la auditoria.
Dicho
Cabildo debe remitir un informe a la Cámara de Cuentas de la República en un
plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la fecha del recibo oficial de
este material.
Objetivo
de la auditoría
La Ley
10-04 del 20 de enero del 2004 de la CCRD establece que la auditoría financiera
se realiza con el propósito de emitir observaciones, conclusiones, opiniones,
disposiciones y recomendaciones sobre la legalidad y confiabilidad de la
información presentada en los estados financieros de las entidades sujetas al
control de la Cámara de Cuentas
Dichos
informes son realizados de conformidad con las normas de auditoria gubernamental
y las guías profesionales de la CCRD.
En la
auditoría al cabildo de Santiago se aplicaron técnicas y procedimientos de
auditorías orientados a la obtención de evidencia acerca de los montos y
revelaciones en el estado de ejecución presupuestaria.
La base
legal y disposiciones legales aplicables a la entidad fueron la constitución de
la república, la ley 176-07, 170-07 y 166-03 de fecha 6 de octubre del 2003,
entre otras.
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